Comunicado del Movimiento Feminista de Madrid ante la convocatoria electoral del próximo 23 de julio
El Movimiento Feminista de Madrid (MFM) trabaja todo el año en la defensa de los derechos de las mujeres, tanto a través de sus colectivos como en este espacio común.
El feminismo propugna un modelo de sociedad igualitaria y solidaria como marco necesario para la plena libertad de las mujeres y las niñas. Como movimiento de la sociedad civil, interpela a las instituciones, agentes sociales, partidos políticos y medios de comunicación.
Si no nos escuchan, no nos representan. Durante la última legislatura, el feminismo ha sido ninguneado sistemáticamente por el poder institucional. Nuestras demandas, expresadas principalmente a través del Manifiesto por los derechos de las mujeres, han sido ignoradas e incluso se ha legislado en su contra.
No es posible un voto solidario y de progreso si no es un voto feminista, porque acabar con la opresión sobre mujeres y niñas es condición necesaria y primordial para una sociedad justa. No basta con los derechos formales, han de lograrse las condiciones para hacerlos efectivos.
La persistencia de roles sexistas impiden a las mujeres desarrollar sus vidas, por no hablar de la barbarie del terrorismo machista, cuyo crimen extremo es el feminicidio. Nos obligan a soportar, en régimen de servidumbre, la sobrecarga del cuidado de menores, mayores y dependientes. Se trata de un sistema que lastra nuestras rentas, mina nuestra salud y destruye nuestras oportunidades; de un círculo perverso que minora los logros de las mujeres y deja a niños y niñas sin referentes de sexo femenino, cortando las alas de las mujeres del futuro y perpetuando los prejuicios contra nosotras.
Incumplimientos y traiciones
Nuestros representantes políticos han desperdiciado toda la última legislatura sin avances para las mujeres y han legislado contra nuestros derechos. La violencia machista y la lucha contra la desigualdad no han sido prioridades en ninguno de los programas de las últimas elecciones municipales y autonómicas, ni han presidido la acción de gobierno. Por ello resulta inverosímil la sobreactuación ante el negacionismo de la ultraderecha. Los datos hablan de estancamiento e incluso de retroceso y no son fruto de la casualidad. Para llegar a tiempo antes de los comités de crisis, son imprescindibles la prevención, la detección y la protección efectivas, áreas en las que no hemos visto ningún avance real:
- En su evaluación de los últimos cuatro años, Naciones Unidas (Comité CEDAW) expresa su preocupación por la alta tasa de feminicidios y la violencia contra la mujer en nuestro país. Las denuncias y las víctimas de la violencia machista aumentaron en España por encima del 10% durante 2022: 176.483 víctimas, según el Poder Judicial. En mayo de 2023 más de 77.000 mujeres se encontraban en el sistema de seguimiento: 1.206 en riesgo alto y 20 en riesgo extremo, según el propio Ministerio del Interior. En 2022 fueron 83 los feminicidios reconocidos oficialmente por el Gobierno español: mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas, familiares u otros hombres, movidos por el machismo o la misoginia. En lo que va de 2023, son ya 22 las víctimas asesinadas por sus parejas o exparejas, según los datos de Igualdad.
- El Estado ha perdido capacidad de protección en la última legislatura. A pesar de que las mujeres denuncian, el Estado no da respuestas eficaces para garantizar su seguridad. Algo está fallando en el sistema de protección, cuando para casi la mitad (el 47%) de las asesinadas por sus parejas o exparejas en España en 2022 las instituciones tenían constancia de violencia machista.
- El aumento de los delitos sexuales registrados en España no se puede explicar solo con una mayor conciencia para denunciar. Hablamos de una subida del 93% en los últimos once años. La mitad (49%) de las víctimas de la violencia sexual en España son En 2022 se denunciaron 2.870 violaciones, es decir, casi 8 violaciones diarias: un 34% más que el año anterior. La pornografía aumenta la criminalidad sexual, como señalan la fiscalía y las investigaciones universitarias.
- El movimiento feminista reclamó, en sus documentos y en las calles, que se luchase contra la impunidad de los delincuentes sexuales, no que se les rebajasen las penas. Advertimos de ello. El desastre de la reforma del Código Penal contenida en la ley de libertad sexual ha llevado a que la propia relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Reem Alsalem, manifieste su preocupación. La ley ha reducido las penas, al menos, a 1.079 agresores sexuales condenados en España, incluidas 108 excarcelaciones. No ha habido ni un solo cese, ni una sola dimisión, ni siquiera palabras de disculpa en sede oficial a las víctimas.
- El presidente del Gobierno ha incumplido su compromiso explícito de avanzar hacia la abolición de la prostitución en España. La Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), que las organizaciones de mujeres redactaron y presentaron hace ya más de dos años, no ha salido de los cajones ministeriales. Toda la coalición ha olvidado el acuerdo firmado de tomar medidas contra la pornografía, ni tan siquiera en impedir el acceso de los menores. El MFM exige la abolición de la pornografía como violencia extrema contra las mujeres.
- De nada sirve una ley que define los llamados «vientres de alquiler» como violencia si convive con la Instrucción del 2010 y 2019, que fomenta la explotación reproductiva de mujeres en el extranjero y la trata de sus criaturas con total impunidad. Ni siquiera se ha actuado contra la promoción y publicidad de una industria que convierte a mujeres en incubadoras humanas y a sus bebés en mercancías, contraria al principio de dignidad.
- Rechazamos una ley que hace posible la modificación registral del sexo basada en la autodeterminación, por ser contraria a la certeza del derecho y generar inseguridad jurídica. Reclamamos poner fin al uso del sistema educativo como canal para la promoción de definiciones e ideas anticientíficas, que fomentan el asentamiento de los estereotipos que tradicionalmente se han combatido desde las políticas de Igualdad.
- Rechazamos una ley que cuestiona las especificidades de mujeres y hombres y que de manera específica, atenta contra derechos de las mujeres en el ámbito del deporte, la paridad politica, cultural y social. Rechazamos una ley que, al igual que los postulados de la extrema derecha, reniega de los elementos esenciales de la Ley contra la Violencia de Género.
- Un gobierno que se dice de izquierdas no ha avanzado en desterrar de la educación el patriarcado religioso. Las mujeres y niñas de contextos islámicos siguen sometidas a las imposiciones patriarcales religiosas con la complicidad del Estado.
- En el empleo de las mujeres no se reduce la desigualdad, según los indicadores. La brecha salarial en España se sitúa en el 20,9% y apenas se ha reducido en los últimos ejercicios. Eso significa que las mujeres cobran en España una media de 4.721 euros menos al año que los varones. Según el INE, el porcentaje de mujeres con empleo a tiempo parcial para el cuidado de hijos o mayores está en su nivel más alto de los últimos 13 años. Las mujeres somos el 75% de las personas con contratos a tiempo parcial. La brecha en nuestras pensiones supera el 30%. A pesar de que la tasa de pobreza general se ha reducido en el último año, la de las mujeres lo hace en menor proporción, persistiendo la desigualdad.
- Las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, las mujeres rurales, las mujeres gitanas y de otras minorías están en situación especialmente vulnerable ante la violencia machista y la desigualdad económica, sin que nuestros representantes hayan desarrollado verdaderas políticas diana para ellas.
Contra la reacción machista
La ultraderecha española forma parte de un movimiento reaccionario internacional que lleva años rearmándose. Su objetivo primordial es mantener un orden social jerárquico, donde las mujeres no se aparten del rol tradicional. Tradición religiosa, familia patriarcal, intereses de los propietarios por encima del bien público, son su programa. Su programa es el machismo y su caldo de cultivo es el miedo a perder privilegios. Ninguna mujer ni hombre feminista quiere el ascenso electoral de los reaccionarios. Fingir desconocer la realidad material de la diferencia sexual, confundir a los menores y dejarlos desprotegidos ante experimentos médicos, no parecen las mejores estrategias para convencer a la sociedad de que la razón y el progreso no han abandonado a la izquierda. Tampoco lo es caer una y otra vez en sus provocaciones, sino poner las bases firmes para ofrecer un modelo social mejor y más justo.
La derecha madrileña nos ha dicho que la justicia social es envidia. La derecha nacional nos dice que quiere rebajar de su rango ministerial las políticas de Igualdad, a las que llama de familia, o de asuntos sociales. Las feministas de Madrid contestamos que el feminismo es de izquierda, pero de izquierda real, porque sin justicia social y sin la Igualdad como cuestión de Estado no habrá libertad para nosotras y nuestras hijas. El feminismo no quiere ni puede acercarse a quienes abren la puerta del poder institucional a la ultraderecha. El feminismo reclama a los que se declaran demócratas que las líneas rojas no sean, al cabo, alfombras rojas para pisotear nuestros derechos.
Más de un siglo les costó a las feministas que nos precedieron lograr el sufragio universal, con el derecho al voto de la mujer. Emocionan el orgullo y la alegría en el rostro de las españolas, por primera vez ante las urnas, en las viejas fotografías de nuestra II República. Noventa años después, la lucha de las mujeres y la de toda la ciudadanía ha vivido retrocesos y avances. Ante las próximas elecciones del 23 de julio, tenemos derecho a ser críticas porque los hechos ponen de manifiesto el menosprecio a nuestras reivindicaciones por parte de los grandes partidos y coaliciones, cuyos programas y listas electorales evaluaremos cuando se publiquen. En esta coyuntura, nuestras reivindicaciones están claras: allí donde no hay candidatura feminista, el voto nulo feminista representa una legítima protesta política frente a los partidos que traicionan o no defienden a las mujeres.
