MANIFIESTO 25N 2025
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA Y EL NEGACIONISMO
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las organizaciones feministas manifestamos nuestra profunda preocupación por el abandono institucional y la falta de compromiso en la lucha contra todas las formas de violencia machista, así como por la ausencia de políticas efectivas de igualdad entre mujeres y hombres.
Desmantelar o relegar las políticas públicas dirigidas a las mujeres pone en riesgo los avances conseguidos en nuestro país. Esta negligencia institucional amenaza la vida, la integridad y la dignidad de miles de mujeres, y supone un retroceso para toda la sociedad.
EL FEMINISMO FRENTE AL NEGACIONISMO DE ULTRADERECHA
Mientras se constata este abandono institucional, la ultraderecha envalentonada menosprecia a las mujeres, minimizando las cifras de asesinatos machistas. En nuestro país y en todo el mundo, el feminicidio sigue siendo la principal causa de muerte violenta de mujeres y niñas. La ultraderecha tendrá que explicar —si es que eso es posible— por qué considera “pocas” el número de víctimas. La ultraderecha tendrá que explicar por qué cuestiona a las 183.908 mujeres que denunciaron violencia de sus parejas el último año, cuando las sentencias por denuncia falsa está demostrado que son mínimas. Tendrá que explicar por qué se opone a políticas específicas para erradicar una violencia cuyas causas conocemos: el machismo alienta al agresor y las políticas feministas salvan vidas.
El negacionismo pone en riesgo la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres. Desde el movimiento feminista respondemos: seremos un dique frente a la ultraderecha misógina.
EXIGIMOS UNA REVISIÓN URGENTE DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN
Denunciamos la gestión desastrosa de las pulseras telemáticas para el control de los agresores machistas. La pérdida de pruebas clave y el uso de dispositivos de baja calidad son fallos graves del Estado. Exigimos asunción de responsabilidades y la máxima diligencia, sin escatimar recursos públicos para garantizar un sistema eficaz. Las pulseras solo salvan vidas si el sistema funciona.
La dejación de las políticas públicas de igualdad se evidencia también en la falta de medios para asumir las nuevas competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Sus titulares y equipos, ya sobrecargados, advierten del riesgo de colapso. Es imprescindible que se creen juzgados en número suficiente y que cuenten con personal, medios y recursos adecuados para abordar todas las formas de violencia contra las mujeres de manera efectiva.
Denunciamos los recortes de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha reducido a la mitad los fondos destinados a los ayuntamientos para la lucha contra la violencia machista.
Reclamamos el incremento de recursos para la Red de atención a la violencia hacia las mujeres en toda la Comunidad de Madrid, mediante gestión directa y pública, poniendo fin a la externalización que genera precariedad laboral, listas de espera y atención deficiente.
Denunciamos también la intención del Ayuntamiento de Madrid de eliminar los Espacios de Igualdad. Estos espacios deben seguir siendo recursos comunitarios públicos, no externalizados, abiertos a la participación de las organizaciones de mujeres y centrados en la igualdad, no en la diversidad, para la que ya existen otros espacios específicos.
DENUNCIAMOS LOS FALLOS FRENTE AL FEMINICIDIO
No hay excusas: exigimos todos los recursos y políticas necesarias para erradicar la máxima expresión de la violencia machista, el feminicidio. Si, como ocurrió en Móstoles, una mujer denuncia trece veces a su agresor y no es protegida; si una joven madre de un bebé es asesinada en Villaverde pese a tener orden de alejamiento, el Estado falla estrepitosamente. No proteger a quienes han dado el paso de denunciar es una negligencia intolerable.
La desprotección frente al feminicidio es violencia institucional sumada a la violencia machista. Basta ya de víctimas clasificadas con riesgo a la baja, de órdenes de alejamiento incumplidas sin consecuencias, de otras que se deniegan, de juzgados saturados. Frente a los agresores machistas se necesitan respuestas firmes. ¿Dónde están los millones del Pacto de Estado?
PROTEGER FRENTE A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y MACHISTA VICARIA
El anteproyecto de ley sobre “violencia vicaria” presentado por el Gobierno no resuelve los problemas de fondo que enfrentan las madres protectoras. La violencia vicaria debe reconocerse como una forma agravada de violencia machista contra mujeres y menores, que daña a hijos e hijas, y que los usa como instrumentos para agredir a la mujer.
En muchos casos, esta violencia se ejerce cuando el agresor se aprovecha de una violencia institucional previa contra las madres. Basta ya de permitir visitas del progenitor en proceso penal o con indicios fundados de violencia machista. Aún debemos reclamar algo tan evidente como que un maltratador no es un buen padre. Por una política que proteja de verdad,exigimos:
- Suspensión automática del contacto con el agresor.
- Erradicación del falso SAP en la práctica judicial
- Reconocimiento de la violencia económica e institucional contra las madres
- Y que la voz de los menores tenga valor jurídico real.
NEGLIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL
Exigimos la máxima diligencia frente a la violencia sexual, una realidad cotidiana y demoledora: 9 de cada 10 víctimas son mujeres y niñas, y más del 90% de los agresores son varones. Cada día se denuncian en España más de 14 violaciones, con un aumento del 7% respecto al año anterior.
Sabemos que esta violencia está infradenunciada y que los casos registrados son solo la punta del iceberg. La mayoría de los agresores son hombres cercanos a las víctimas, y esta violencia se ceba especialmente en las más jóvenes: 3 de cada 10 víctimas son niñas.
Con estos datos, denunciamos las rebajas de penas mediante acuerdos de conformidad, que rozan la impunidad, porque los procesos siguen siendo revictimizantes.
La Ley de Libertad Sexual, aprobada sin escuchar al movimiento feminista, dejó fuera la violencia en la prostitución y la pornografía, abandonando a miles de víctimas. También supuso una vergonzosa rebaja penal para los agresores sexuales; eliminó la protección especial para adolescentes de 17 años y, por si fuera poco, no elevó a delito público la violencia sexual, lo que impide su denuncia de oficio y favorece la impunidad. Todo esto fue reclamado por el movimiento feminista y solo obtuvimos silencio o menosprecio. Legislar de forma incompleta o negligente es maltratar a las mujeres desde las instituciones.
FALTA DE LEGISLACIÓN ABOLICIONISTA EN PROSTITUCIÓN
España es uno de los principales destinos y lugares de tránsito para la explotación sexual. La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas documenta que ninguna mujer sale indemne física o psíquicamente de los daños que causa la prostitución: las secuelas mentales son similares a las de la tortura y son crónicas y devastadoras. Negar que la prostitución es un sistema de violencia machista organizada como negocio criminal también es negacionismo, venga de la izquierda o de la derecha.
Denunciamos la hipocresía de los grupos políticos: ante los micrófonos condenan a los “puteros VIP”, pero luego en su función legislativa bloquean la ley abolicionista y usan la repulsa en un arma partidista. Mientras tanto, las políticas actuales apenas acreditan unas pocas víctimas y la mayoría de las mujeres quedan sin acceso real a las prestaciones urgentes que necesitan.
Una ley solo contra la trata es insuficiente para combatir la prostitución: no ofrece garantías a las mujeres ni reduce la demanda. En los países sin estrategia abolicionista, no solo no se reduce la trata, sino que aumentan trata y prostitución. Porque es la prostitución la que alimenta y precede a la trata sexual, no al revés.
Denunciamos la legalización encubierta con la inclusión en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 de la “prestación y concertación de servicios sexuales”. Exigimos la supresión inmediata de este epígrafe.
La ley abolicionista de la prostitución es una promesa incumplida del presidente del Gobierno. Defendemos la propuesta feminista para la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP) como el marco necesario para acabar con la impunidad de proxenetas y puteros y proteger a las mujeres.
ABANDONO DE LAS NIÑAS TUTELADAS:
Denunciamos el desamparo institucional de niñas y adolescentes tuteladas, expuestas a redes delictivas que las entregan a proxenetas y hombres con poder, que las usan como mercancía sexual. Estos patrones se repiten y evidencian un grado intolerable de abandono por parte de las instituciones.
DESPROTECCIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE LA PORNOGRAFÍA:
El imaginario y los actos del putero, de la pornografía y del agresor sexual son los mismos: violentar a las mujeres. Tres formas de violencia sexual que se retroalimentan. La pornografía enseña a erotizar el sufrimiento femenino; normaliza y fomenta la violencia sexual, con consecuencias directas en las agresiones y violencia que sufren las mujeres, especialmente las víctimas de prostitución. El problema se agrava cuando cada vez más menores consumen porno violento, que les llega por múltiples vías y de forma constante. Tomar medidas frente a ello es otra promesa incumplida del Gobierno.
LA VIOLENCIA DE LOS VIENTRES DE ALQUILER:
Comercializar con las capacidades reproductivas de las mujeres mediante el “alquiler de vientres” es una práctica inaceptable que nos reduce a meros instrumentos de procreación y a las criaturas en objetos de compraventa. La extracción de óvulos implica riesgos físicos y psicológicos graves para las mujeres.
Por eso exigimos la tipificación expresa de los vientres de alquiler como delito en España y el Impulso de su prohibición a nivel internacional.
VIOLENCIA Y SALUD DE LAS MUJERES:
Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia: es un problema de salud pública de primera magnitud. El sistema sanitario, por ser el más universal y al que más recurren las víctimas, tiene un papel fundamental. En varias Comunidades Autónomas existen herramientas de detección temprana de la violencia –test de cribado–, pero en Madrid, inmersa en un contexto de desguace de la sanidad pública, no se han incorporado de forma sistemática en la historia clínica. Es imprescindible una formación continua y de calidad en violencia machista, no cursos esporádicos, para que el personal sanitario sepa reconocerla y abordarla.
La salud de las mujeres no puede esperar. Detrás de los fallos en los cribados del cáncer de mama hay negligencia, violencia institucional, recortes y privatización. Nos unimos a las mujeres andaluzas y de otras comunidades para exigir la depuración de todas las responsabilidades políticas en esta crisis y, cuando corresponda, consecuencias penales. Exigimos una sanidad pública de calidad y que los recursos públicos sean para lo público.
ABORTO SIN ACOSO:
No podemos permitir que se pongan en riesgo nuestros derechos ya conquistados. Exigimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que cumpla la ley para garantizar el derecho al aborto sin acoso ni coacciones y en la sanidad pública.
CONDICIONES MATERIALES Y VIOLENCIA ECONÓMICA:
Sin condiciones materiales básicas: salarios dignos, vivienda, derechos laborales, acceso a educación y salud, no hay igualdad ni libertad posible.
El machismo consolida la violencia económica que sitúa a las mujeres en posición secundaria en el mercado laboral.
Las responsabilidades familiares y la dependencia económica atan a las víctimas a sus verdugos, dificultando su salida de relaciones violentas. Mientras la crianza, la atención a personas dependientes y las tareas domésticas no se distribuyan entre mujeres, hombres, Estado y empresas, no habrá igualdad real ni erradicación de la violencia.
DESPROTECCIÓN FRENTE AL FUNDAMENTALISMO:
Los fundamentalismos patriarcales limitan gravemente la vida de las mujeres y las niñas, restringiendo sus derechos, su movilidad y su presencia en el espacio público.
Los derechos de las mujeres y las niñas son universales y poner como excusa el relativismo cultural para dejar a algunas comunidades atrás es, además de incompatible con la igualdad, el verdadero racismo. Empezando por la escuela, nunca admitiremos el velado de las mujeres y las niñas, bandera visible del sometimiento, ni toleraremos a los imanes lo que no toleramos a los obispos, porque lo que puede hacerse con una sola niña por ser niña es la medida del estatus de todas. La libertad religiosa no puede ser excusa para vulnerar los derechos humanos de las mujeres.
COEDUCAR Y RESPETAR:
La deshumanización de la mujer tampoco es aceptable en la otra cara de la misma moneda: ni sumisas ni zorras, no estamos para ser definidas como instrumentos de uso sexual. La pasividad frente a la hipersexualización de las niñas es alarmante y refleja una profunda crisis social. Desde temprana edad, se las expone a imágenes y mensajes que las sexualizan, convirtiéndolas en objetos de deseo en lugar de valorar su potencial como personas. Esta situación no solo afecta su autoestima y desarrollo emocional, sino que también perpetúa una cultura que normaliza la violencia y la cosificación.
El fundamento de leyes que vinculan la personalidad al sexo es totalmente reaccionario. Frente a esto, el feminismo propone coeducación integral que fomente el respeto y la igualdad, libre de estereotipos y roles diferenciados. Es imprescindible asumir el feminismo como eje transversal en la educación.
Rechazamos prácticas que vulneran derechos bajo discursos pseudocientíficos o ideológicos, como el uso de bloqueadores de la pubertad en menores sanos, un experimento clínico que constituye maltrato infantil y adolescente, que la historia juzgará en su debido término.
La privacidad y la seguridad de las mujeres y niñas en sus espacios y categorías propias son conquistas de las mujeres que deben ser respetadas. Las leyes y políticas específicas para proteger a las mujeres por el hecho de serlo son irrenunciables.
MUJERES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL:
Allí donde el feminismo alce la voz, lo hará por las mujeres de todo el mundo. Las mujeres en zonas de conflicto armado enfrentan un riesgo extremo de violencia: violaciones masivas, prostitución forzada y violencia sexual como arma de guerra, crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad.
Alzamos la voz por las víctimas del genocidio en Palestina, el 75% de ellas mujeres y menores. Denunciamos las graves violaciones contra mujeres y niñas en República Democrática del Congo, Haití, Myanmar y Sudán.
También la alzamos por las mujeres y niñas que viven bajo regímenes que oprimen a nuestro sexo. Haber nacido niña en Afganistán es hoy una condena atroz. Denunciamos la connivencia y pasividad de la comunidad internacional con sus verdugos. Un mundo que permite que un país torture así a las mujeres no respeta a ninguna.
Condenamos la imposición del velo en Irán y otros países y denunciamos la represión brutal contra las mujeres, incluidas las condenas a cárcel y penas de muerte.
LA VIOLENCIA MACHISTA ES CUESTIÓN DE ESTADO:
La raíz de la violencia sistémica contra las mujeres es la desigualdad y la asimetría de poder. Descuidar la implementación efectiva de políticas feministas crea un terreno fértil para ideas retrógradas que socavan la igualdad y la justicia social.
Estamos ante una ecuación peligrosa: mientras crece la manipulación del negacionismo machista, las agresiones no dan tregua y demasiadas veces las instituciones fallan por falta de diligencia y firmeza. El abandono y la negligencia abren la puerta a discursos reaccionarios.
Por todo ello, llamamos a las instituciones a revisar y reforzar las políticas de igualdad como la mejor prevención, junto con la concienciación social, la detección temprana, la protección efectiva, justicia y reparación para las víctimas del machismo criminal. La lucha contra la violencia machista es una cuestión de Estado.
Es imperativo que la mayoría social se una para exigir que las instituciones recuperen el impulso en la defensa de los derechos de las mujeres.
Seguiremos luchando hasta que todas podamos vivir libres de violencia. ¡Que viva la lucha de las mujeres!
Basta ya de abandono institucional!